Todas las lenguas de España

Artículo de Mercè Vilarrubias, catedrática de Lengua Inglesa en la Escuela Oficial de Idiomas Drassanes de Barcelona. y Juan Claudio de Ramón, ensayista.

Creemos que, en materia de lenguas, y con el ánimo de encauzar las tensiones que experimentamos en España, hay dos caminos. Uno ha dado en llamarse “blindaje de la competencia en lengua catalana”. En nuestra opinión, esta vía, nunca explicada en su detalle, es un error. La promoción del uso y el aprendizaje del catalán, es decir, el lado razonable de esa competencia, ya son potestades de las que la Generalitat goza bajo el marco normativo actual. Por tanto, todo nuevo margen de autonomía sólo podría ser usado para desarrollar más a gusto el lado no razonable de esa competencia, es decir, para intensificar la política pro-monolingüismo que vacía de contenido la oficialidad del español en Cataluña.

Existe, sin embargo, otro camino, mucho más adecuado, que es el genuinamente federal: la aprobación de una Ley de Lenguas Oficiales, del género de las que existen en otros países de similar patrimonio lingüístico.

Actualmente, el plurilingüismo de España se organiza según el llamado “bilingüismo territorializado”; es decir, catalán, vasco y gallego son lenguas oficiales sólo en las comunidades donde se hablan y los Gobiernos autónomos son los encargados de promoverlas, con poca o ninguna intervención del Estado. La idea de que el Estado ataca las lenguas cooficiales o entorpece su progreso no se ajusta a la realidad. Cuestión distinta son los comentarios despectivos que a veces se vierten desde medios de comunicación privados. Estas muestras de ignorancia pesan en el envenenamiento de la convivencia; pero si nos centramos en las actuaciones oficiales, de manera objetiva, podemos concluir que, desde los comienzos de la Transición, el Estado no ha puesto trabas a la rehabilitación de las lenguas distintas del español. Sencillamente se ha inhibido: ni ha colaborado con entusiasmo en su recuperación ni ha puesto freno a las prácticas en menoscabo del bilingüismo de los Gobiernos de signo nacionalista.

Este laissez faire sugiere que las élites del Estado no terminan de interiorizar las consecuencias plenas del hecho de concebir el catalán, vasco y gallego como lenguas plenamente españolas. Puesto que si realmente lo son, alguna presencia y uso habrían de tener en las instituciones de planta estatal. Muchos ciudadanos de las comunidades bilingües captan esta falta de reconocimiento a sus lenguas maternas cuando esperarían legítimamente lo contrario, esto es, una actitud de cercanía y complicidad por parte del Estado que se comparte.

Frente a todo ello, el Estado debería abordar las tensiones lingüísticas con un plan acorde con el espíritu del federalismo y distinto de la vía del blindaje: tomar la iniciativa y desarrollar, por primera vez, su propia política lingüística. Dicha política, que podría insertarse en la reforma de la Constitución pero que no la requiere, se apoyaría en una Ley de Lenguas Oficiales que mejorara el reconocimiento de la realidad plurilingüe de España y sentara un marco claro de obligaciones de la Administración y derechos de los administrados. Esta ley llevaría a hacer del catalán, el vasco y el gallego lenguas oficiales del Estado junto al español, permitiendo que tuvieran una presencia significativa en las instituciones, órganos y actos de la Administración central; sin perjuicio de que, de manera lógica y natural, el español siguiera siendo su principal lengua de trabajo.

¿En qué consistiría esta ley? En primer lugar, habría de recoger y sistematizar lo que ya se hace. De hecho, el Estado hace más por las otras lenguas españolas de lo que el nacionalismo quiere hacer creer. 

Esta es una pequeña relación de buenas prácticas que la Administración central ya desarrolla: 

1, prestación de servicios en sus órganos periféricos en la lengua cooficial

2, traducción diaria del BOE a todas las lenguas españolas

3, traducción de las páginas web de los ministerios a las cuatro lenguas principales

4, uso de las lenguas cooficiales en el Senado

5, mantenimiento de un circuito de televisión y una emisora de radio en catalán, subsidiarias de RTVE

6, en el extranjero, oferta de cursos por parte del Instituto Cervantes de catalán, vasco y gallego

7, apoyo vía subvención a las industrias culturales en otras lenguas españolas

8, reconocimiento de la excelencia de creadores españoles sin importar la lengua española en la que trabajen

9, acuerdo con la Unión Europea para costear los servicios de traducción de las comunicaciones escritas en vasco, gallego y catalán de los usuarios con las instituciones europeas

Ciertas de estas medidas conocen incumplimientos y lagunas, pero importa retener que son prácticas ya asumidas. Nos hablan de un Estado que va por el buen camino, pero no con la ambición precisa. 

Por ello, la ley que proponemos podría incorporar las siguientes mejoras: 

1, consideración de las cuatro lenguas españolas principales como oficiales en los organismos de planta estatal —no necesariamente de trabajo—, con hincapié en los órganos judiciales

2, posibilidad de expresarse en las cuatro lenguas principales en el Congreso de los Diputados

3, mandato a las Comunidades Autónomas de incluir en sus currículos educativos la oferta del aprendizaje de otra lengua española

4, obligación de rotular en las cuatro lenguas en el exterior de todos los edificios estatales

5, obligación de visibilizar la diversidad lingüística española en carteles, folletos y publicaciones oficiales en general

6, desarrollo de la oferta audiovisual pública en catalán, vasco y gallego

7, uso de todas las lenguas oficiales de España en actos de Estado, y en particular los más solemnes 

8, por lo demás, la cooficialidad en el ámbito español haría más fácil modificar el Reglamento Lingüístico de la UE, para alcanzar también el estatuto de cooficialidad europea.

Para esta propuesta es necesario anticipar tres críticas razonables: 

1: su aplicación supondría una elevación injustificada del gasto. Nosotros no creemos que el coste fuera exagerado, y, en todo caso, sería el precio por una España más inclusiva (todos tenemos en mente gastos inmensamente mayores mucho menos justificados). 

2: una Administración tetralingüe es inviable. Obviamente, no se trata de que todos los funcionarios deban aprender las cuatro lenguas principales; sí de asegurar que los organismos estatales puedan comunicarse en las cuatro, por escrito, sirviéndose de avanzados departamentos de traducción, y, oralmente, con algunos funcionarios capaces de hacerlo. 

3: estas medidas son innecesarias en presencia de una lengua común, el español. Esta es la objeción de más calado, que requiere ser pensada aparte.

La lengua española o castellana es el hermoso legado que todos los españoles (y millones de no españoles) tenemos en común. Su estigmatización por parte de los nacionalistas como lengua foránea o impuesta militarmente en sus comunidades no se ajusta a la historia ni es respetuosa con sus hablantes. Además el español es, como toda lengua franca, un eficaz instrumento de comunicación, cuyo uso en órganos comunes parecer ser exigido por el principio de racionalidad administrativa. 

Sin embargo, es importante entender que los Estados no son sólo organizadores racionales. Satisfacen también necesidades de orden simbólico. Hablantes de una lengua poderosa, los españoles de lengua materna castellana no siempre son conscientes de las necesidades de reconocimiento de los hablantes de lenguas minoritarias. 

La Ley de Lenguas Oficiales vendría a subsanar este déficit simbólico al permitir a los ciudadanos de las comunidades bilingües visualizar cómo sus lenguas existen también para el Estado central. Al mismo tiempo, acercaría estas lenguas a los ciudadanos de las zonas monolingües, ofreciéndoles la posibilidad de valorarlas y vivirlas como propias.

Desde el comienzo de la Transición, la inhibición del Estado ha permitido que el nacionalismo se haya presentado como el representante, defensor y gestor único de las otras lenguas españolas. Ha sido este un grave error estratégico cuyas consecuencias a la vista están. En este momento, ante las peticiones para que la lengua le sea entregada al soberanismo en una caja blindada, el Estado debe reaccionar haciendo lo contrario: seguir las mejores prácticas en política lingüística federal e involucrarse decididamente en la gestión y promoción de todas las lenguas oficiales de España.

La desigualdad en España

La concentración del aumento del desempleo en las rentas más bajas ha convertido a España en el país entre las economías desarrolladas donde más ha aumentado la desigualdad a lo largo de la crisis económica. Según el Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó este viernes 5 de Diciembre en Madrid, la brecha que separa la parte más rica de la parte más pobre de la población se ha incrementado entre un 40% y un 50%, y ha transformado España en el segundo país más desigual —después de Estados Unidos— en el conjunto que incluye la Unión Europea y el gigante norteamericano.

El hecho de que la pérdida de empleo —y en menor medida la rebaja de los salarios— se concentra en el 10% más pobre de la población, ha determinado que este grupo sufra el 43% de la disminución de esta capacidad de compra. La OIT subrayó además que estas dinámicas no se reprodujeron en países como Portugal, Grecia y Rumanía, donde ocurrió más bien lo contrario: el poder adquisitivo de la parte más acomodada de la población disminuyó más que el de la parte más pobre.

Según Eurostat (2014), España ha incrementado su desigualdad, medida por el coeficiente de Gini armonizado de la renta disponible de hogares equivalentes de la UE, desde 0,313 en 2006 a 0,344 en 2010 y a 0,350 en 2012. Dicho coeficiente mide la desigualdad en la distribución de la renta, que abarca desde 0, en que todas las personas tienen la misma renta disponible, a 1, en que una sola persona detenta toda la renta disponible.

España es hoy el segundo país más desigual de la UE, tras Letonia (0,357) y por delante de Portugal (0,345), Grecia (0,343) e Irlanda (0,330), y lejos de Italia (0,319), Francia (0,305) y Alemania (0,283), siendo Noruega (0,227) el más igualitario. Además, Portugal, Grecia e Italia han logrado reducir su desigualdad al ser sus coeficientes de Gini, en 2007, mayores que en España, Italia (0,338), Portugal (0,381), o iguales, Grecia (0,350).

Para la OCDE (2-5-2011) el incremento de la desigualdad está básicamente determinado por cambios en la distribución de los salarios, que representan el 75% de la renta de los hogares en el área euro. Los del 10% de trabajadores mejor pagados han aumentado mucho, mientras que los del 10% peor remunerado han retrocedido. En parte por la globalización del trabajo, en parte por el incremento del trabajo a tiempo parcial y temporal, especialmente de las mujeres, en parte por el aumento del autoempleo, muy superior en las rentas más bajas y, en parte, por el mayor aumento de las rentas del capital en el total de las rentas.

Una desigualdad creciente reduce, a medio plazo, el crecimiento económico y a largo plazo aumenta la inestabilidad social y política. Por el contrario, una mayor igualdad ayuda al crecimiento. Las políticas fiscales de redistribución ayudan al crecimiento, y una mayor estabilidad social y, a su vez, un crecimiento estable y duradero reduce la desigualdad.

La European Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) es una coalición independiente de ONG y otros grupos involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea. Esta coalición fue creada en diciembre de 1990 por organizaciones que trabajaban dentro de la Unión Europea con personas que viven en situación de pobreza y exclusión, convirtiéndose en un órgano de consulta por parte del Consejo de Europa. Asimismo, EAPN es socio fundador de la Plataforma Europea de Acción Social.

La Estrategia EU2020 puso en marcha un indicador específico, denominado AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social. Como está armonizado a nivel europeo, permite comparar entre países y entre comunidades autónomas. Recientemente ha publicado el dossier de la Pobreza en España.

Política de Gasto Social en España

Los datos de Eurostat demuestran que España está muy por debajo aún en el gasto público social respecto a la media europea (6.026 euros por persona, por debajo incluso de Grecia). Pero a nivel de PIB per cápita el país está mucho más cerca de la convergencia con la UE. Es decir, que en teoría hay margen para cambiar y mejorar la recaudación y el gasto público, así como la distribución del mismo. La sostenibilidad futura de la economía española depende de ello. No es posible continuar con estos niveles de desempleo, pobreza infantil, desahucios y pobreza energética. No son asumibles más bajadas de salarios “lentas ineficaces e injustas”. No es propio de un país todavía rico.

La gráfica de abajo mide los porcentajes de beneficios sociales en dinero contante y sonante que se pagan a los quintiles* de población más ricos y a los más pobres. Es una gráfica que aparece en un reciente informe de la OCDE sobre gasto social. Lo que muestra en esencia esta gráfica es que el gasto social en España no se reparte con equidad entre las distintas clases sociales. Bien al contrario, parece estar sirviendo para aumentar la desigualdad: Mientras que el 20% de la población de renta más baja recibe un apenas un 10% del total del gasto público social, el 20% de población más rica recibe algo más del 25%.

El gasto público, tal como está diseñado en España, tiene efectos regresivos y no permite redistribuir la riqueza, sino al contrario.

*Quintiles son los grupos de ciudadanos resultantes de dividir la población entre 5 partes iguales, según su renta. El quintil más bajo sería el 20% más pobre, mientras que el quintil más alto sería el 20% más rico.

De Bretton Woods a hoy

basado en artículos de Marco Antonio Moreno

Hace 70 años, la segunda guerra mundial aún estaba lejos de terminar, Europa estaba devastada por las ruinas y la paz y la prosperidad parecían inalcanzables. Sin embargo, en julio de 1944 y a las pocas semanas del desembarco en Normandia, los líderes y representantes de 44 países se atrevieron a comenzar a trabajar para inventar el orden económico de la posguerra. En el Hotel Mount de Bretton Woods, una pequeña localidad de New Hampshire, en el este de Estados Unidos, más de 700 banqueros, diplomáticos, políticos y economistas desarrollaron durante tres semanas un nuevo marco para garantizar la estabilidad del sistema monetario y para financiar la reconstrucción de los países destruidos por la guerra. Así fue como vieron la luz el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

Harry Dexter White, Secretario Adjunto del Tesoro de los Estados Unidos, y John Maynard Keynes, economista británico fundador de la política anticíclica y que había anticipado el fracaso del tratado de Versalles tras la segunda guerra mundial, opusieron sus visiones. Keynes defendía un sistema monetario mundial basado en una unidad monetaria no nacional, el Bancor. White, buscaba un sistema de intercambio basado en el dólar, pero vinculado al oro. Con un dólar fijado al oro, todas las demás monedas podrían fijarse en dólares, dado que el dólar sería intercambiable por oro contante y sonante. La propuesta de Estados Unidos prevaleció sobre la de Keynes y la idea de unidad monetaria no nacional desapareció del mapa. Desde entonces, todo el mundo comenzó a negociar en dólares desplazando definitivamente a la libra esterlina como moneda de referencia mundial después de 130 años de hegemonía. El dólar fue anclado al oro a razón de 35 dólares la onza.

Esto dio a Estados Unidos la oportunidad de paliar sus déficit mediante la impresión de dólares, y convertirse en árbitro y jugador al mismo tiempo. La ventaja que ofrecía este mecanismo a Estados Unidos era muy clara: podía comprar todo lo que quisiera al resto del mundo solo imprimiendo dinero... Mientras el resto del mundo necesitaba producir bienes y servicios, Estados Unidos sólo necesitaba imprimir. Todo esto cimentó la hegemonía del billete verde.

A principios de los años 70 y ante la fuerte crisis que enfrentaba Estados Unidos por sus altos déficit, Richard Nixon devaluó el dólar y declaró el 15 de agosto de 1971 la inconvertibilidad del dólar en oro. Estados Unidos no podía cumplir con el acuerdo de Bretton Woods.

Desde ese momento, todo el comercio mundial se llevó a cabo usando los dólares que imprimía el tesoro de Estados Unidos, que no es más que dinero fiduciario, o simples papeles. Si hasta entonces, el comercio internacional tenía validez al estar respaldado en oro, desde entonces comenzó a depender de una moneda fiduciaria, producida por la mayor imprenta del mundo.

Esto tuvo una serie de efectos colaterales que alentaron la especulación masiva y marcaron el deterioro de la economía real. Bajo el sistema de Bretton Woods había estrictos controles de capital diseñados para proteger el tipo de cambio fijo, algo que se hizo innecesario con los tipos de cambio flotantes y la existencia de un dólar sin ningún tipo de anclaje y vigilancia. La extinción de estos controles permitió el masivo aumento de los flujos de capital que comenzaron a desplazarse por el mundo a un ritmo cada vez más vertiginoso, y con el sector financiero ganando cada vez más espacio en cada una de las etapas, mientras relegaba el capital productivo a lugares de menor importancia.

Existe un fuerte consenso en que el fallo principal que condujo a la actual crisis fue la total desregulación del sistema bancario. Un sistema bancario que en las últimas décadas creó un clon paralelo al de la banca tradicional, plenamente interconectado al sistema financiero global, pero desconectado de la actividad real de la economía. Ese universo paralelo que encontró la industria financiera para llevar a cabo la función tradicional de vincular a los ahorradores con los prestatarios, tuvo un incremento colosal en las últimas décadas. Eso es lo que se conoce como el “sistema bancario en las sombras”.

Este sistema se encuentra en el corazón de la actual crisis financiera y, según el último informe de la Fed de Nueva York, sigue siendo más grande que el sistema bancario tradicional. 

El sistema bancario en las sombras implica muchos de los temas que desataron la actual crisis, y el informe ofrece una mirada detallada de la forma en que el sistema hizo su trabajo. En primer lugar, el volumen de los créditos se hizo más grande en la banca en las sombras que en la banca comercial. Los préstamos titulizados, los CDO, los CDS, el mercado de los fondos mutuos, las burbujas accionarias, se encuentran en el corazón de este gran fraude legal que la autorregulación existente permitió, dado que aportaba enormes flujos de dinero para mantener al sistema en movimiento.

La fragilidad del sistema quedó demostrada con su brutal colapso. Pero mientras el desplome del mercado inmobiliario fue apenas el catalizador de la crisis financiera, la fase aguda de la crisis se definió por la corrida sufrida por el sistema bancario en las sombras entre fines de 2007 y comienzos de 2008. Previendo la crisis, todos los ahorradores y prestamistas intentaron recuperar su dinero al mismo tiempo. Esto, porque en la banca en las sombras, a diferencia de la banca comercial, el dinero existente son sólo papeles que no están respaldados por ningún activo real. La caída de Lehman fué la señal de advertencia de que todo el sistema se desplomaba y que el colapso era inminente.

Tarde vienen los especialista de la Fed a dar cuenta de esta gran falla del mercado, y de los peligros que encierra el hecho de que la mayor parte del sistema funcione sin ningún tipo de regulación. El tema de fondo es que si la banca en las sombras también se expone a corridas financieras que pueden provocar un colapso de igual o mayor magnitud que las corridas a la banca comercial, es lógico que esta banca también debe ser regulada. Su fracaso ha causado enorme daño a toda la economía mundial.