Hacienda no somos todos

Oxfam Intermón presenta el informe “Tanto tienes ¿Tanto pagas?” y lanza una campaña de movilización ciudadana pidiendo al Presidente Mariano Rajoy que aplique un decálogo de principios que debe regir la reforma de la política fiscal que el Gobierno debe aprobar este año .

Las familias aportaron un 91,52% de la recaudación de 2011 (último años del que existen datos desagregados), mientras que las grandes empresas sólo contribuyeron en un 1,98% a la recaudación total del Estado en ese mismo período. Es decir, que las familias aportaron 46 veces más que las grandes corporaciones. En 2012 (últimos datos disponibles pero no desagregados por tipos de empresas) la tendencia se mantiene: los ciudadanos españoles aportaron al Estado 139.737 millones de euros, lo que supone el 90,76% de los ingresos totales del Estado. Sin embargo, en el mismo ejercicio, tan solo el 9,24% de lo recaudado provino del conjunto de las empresas, con un total de 14.529 millones.

Gravar más a los que más tienen; elevar el tipo efectivo que pagan las grandes empresas; suprimir las Empresas de Tenencias de Valores (ETVE), que han convertido a España en un auténtico paraíso fiscal para muchas empresas extranjeras; recuperar el impuesto a las grandes fortunas; frenar la subida del IVA; blindar las cotizaciones sociales y destinar más recursos humanos y materiales a la lucha contra el fraude. Estas son algunas de las medidas que propone Oxfam Intermón para establecer un sistema fiscal más justo, que permita garantizar los derechos sociales y reducir la desigualdad económica.

 Desde 2007, el tipo general del Impuesto sobre Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las PYMES. Sin embargo, el tipo efectivo que soportan (es decir, lo que realmente pagan sobre sus beneficios) es muy inferior. Gracias a la aplicación de exenciones y a mecanismos de planificación fiscal, en 2011 los grupos consolidados de grandes empresas pagaron de media un 3,5% sobre su resultado contable, y cerca del 17% los grupos no consolidados y las PYMES. En ambos casos, muy por debajo del 22% que soporta un ciudadano medio (26% si se incluyen las cotizaciones sociales). En 2011 las pequeñas y medianas empresas (PYMES) aportaron el 76% de la recaudación por impuesto de sociedades a pesar de que su volumen de beneficios fue 32 veces menor que el de las grandes empresas.

10 CAMBIOS NECESARIOS PARA UNA REFORMA FISCAL JUSTA

1. La política fiscal debe combatir la desigualdad al margen de intereses partidistas, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa.
2. Hay que recaudar lo suficiente para financiar un modelo social que garantice servicios públicos de calidad e igualdad de oportunidades.
3. Se debe aplicar "tolerancia cero" al fraude fiscal, incluyendo medidas que pongan freno a la impunidad de los evasores.
4. Los privilegios y la opacidad de los paraísos fiscales deben desaparecer.
5. Recaudar más no puede suponer aumentar el esfuerzo fiscal de las clases medias y los más pobres. Quien más tiene, ha de contribuir más.
6. Todos, empresas e individuos, deben tributar en función de su capacidad y de su actividad económica real, sin privilegios, ni excepciones.
7. Las grandes fortunas y las rentas del capital tienen que contribuir en mayor medida, para reducir la presión sobre los salarios y el consumo.
8. El sistema tributario tiene que ser progresivo y equitativo en su conjunto sin medidas que favorezcan los intereses de unos pocos.
9. Los beneficios fiscales deben ser excepcionales y solo deben aplicarse, si permiten crear valor real y duradero (como la creación de nuevos empleos de calidad).
10. Una buena política tributaria requiere un debate público abierto, transparente y con participación ciudadana.

El informe resalta que los beneficios fiscales concedidos a las empresas en 2011 ascendieron a un total de 28.210 millones de euros, lo que equivale al presupuesto para educación de todas las comunidades autónomas excepto Andalucía. Y que el 80% de dicha cifra correspondió a las grandes empresas. Es decir, que obtuvieron ventajas fiscales de 22.687 millones en un ejercicio en el que solo abonaron 3.012 millones en impuesto de sociedades (menos de 7,5 veces la cantidad ‘perdonada’ por Hacienda).

También es evidente la necesidad de asignar más recursos humanos y materiales para impulsar un gran programa de lucha contra la evasión y elusión fiscal, que se estima cuesta al Estado cada año cerca de 59.500 millones de euros, más que el presupuesto para Sanidad destinado por todas las comunidades autónomas  administración central juntas (57.000 millones). Del total del fraude fiscal, los técnicos de Hacienda calculan que el 72% (43.000 millones de euros) corresponden a grandes empresas y fortunas. Esta cantidad supone una cifra mayor que el destinado en los Presupuestos Generales del Estado al pago de la deuda pública (36.600 millones).

Otra de las medidas propuestas es la supresión de las ETVE, que permiten a multinacionales extranjeras radicadas en España no pagar impuestos por los beneficios obtenidos en el extranjero, pero sí recibir ayudas y rebajas fiscales aquí por sus supuestas pérdidas. Un mecanismo que coloca a España comoauténtico paraíso fiscal y que es utilizado por compañías como Exxon, Vodafone, Pepsi o HP.

Para ello la organización propone una batería de medidas que tienen como finalidad tres objetivos clave:

1. Recaudar y redistribuir: debe incrementarse la capacidad recaudatoria para financiar un modelo de servicios públicos y protección social de calidad, sin que el esfuerzo recaiga injustamente sobre los que menos tienen.

2. Progresividad y Equidad: que empresas e individuos tributen en función de su capacidad y de su actividad económica real.

3. “Tolerancia cero” al fraude fiscal: a través de medidas que combatan la opacidad de los sistemas fiscales y la impunidad de los grandes evasores tanto en el ámbito doméstico como en el internacional.