La renta básica estaría muy bien, pero la garantía de empleo estaría mejor

Artículo publicado por Eduardo Garzón

Aunque hace mucho tiempo que se propuso la renta básica universal como medida para garantizar el bienestar de toda la ciudadanía, no ha sido hasta hace poco que ha cobrado importancia en los debates académicos e incluso en la agenda política y mediática. Esta propuesta consiste en que el Estado conceda a todo ciudadano, independientemente de su situación particular, un ingreso fijo que le permita cubrir sus necesidades vitales. De esta forma nadie se vería obligado a encontrar cualquier tipo de trabajo o ingreso para poder sobrevivir con un mínimo de dignidad. No se trata de una medida ajena a nuestras sociedades desarrolladas; al fin y al cabo, derechos como la educación o sanidad públicas conforman una especie de renta básica universal, sólo que en vez de que el Estado ofrezca una renta monetaria sin contraprestación ofrece un servicio básico no monetario.

Tampoco se trata de una medida utópica ni disparatada: vivimos en economías que generan suficiente riqueza y renta como para que nos podamos permitir una renta básica universal. Así lo demuestran numerosos estudios científicos que prueban la viabilidad de esta política siempre que existan los mecanismos redistributivos adecuados, y así lo demuestran casos reales aunque muy limitados como el de Alaska, el de Irán, el de la ciudad de México, o el que se pretende aprobar en Suiza. La renta básica universal no es un problema de recursos; se puede aplicar si hay voluntad política.

Sin embargo, se trata de una propuesta que se puede mejorar en su concepción. Si bien es cierto que hoy día en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están trabajando y nuestro deber como sociedad es evitar que por culpa de ello pasen penurias, también es cierto que hay mucho trabajo por hacer en nuestras comunidades. No tiene sentido que mantengamos inactivas a personas que pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros conciudadanos no están cubiertas. En la actualidad necesitamos que cuiden de nuestros mayores, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que aumenten los servicios de ocio y cultura, que se cuiden las infraestructuras, pavimento y fachadas de muchos barrios de nuestras ciudades, que se reforesten enormes extensiones de terreno, que se cuide la fauna y la flora de nuestro entorno, que aumenten y mejoren los servicios sanitarios, que se defienda a los grupos discriminados y a los más vulnerables, etc…

Por lo tanto, mucho mejor que otorgarle un ingreso fijo a todos los ciudadanos es otorgarle el derecho a trabajar si así lo desean (si no lo desean o no pueden, entonces que reciban una renta básica). El Estado podría financiar y planificar esta garantía de empleo a través de programas concretos, aunque en última instancia podrían ser las organizaciones no gubernamentales, las cooperativas o cualquier otro tipo de organización las que gestionaran las actividades en cuestión debido a que son las que tienen la experiencia sobre el terreno. La remuneración del trabajo debería ser fija por número de horas; por ejemplo, 10 euros la hora. De esta forma se establecería un ancla de precios para evitar tensiones inflacionistas. Al mismo tiempo, se lograría que ninguna persona trabajase en el sector privado por menos de 10 euros la hora, ya que de ser así siempre podrían abandonar su trabajo para formar parte del programa de garantía de empleo.

Los beneficios para la sociedad serían notables porque se cubrirían muchas más necesidades no cubiertas, pero al mismo tiempo los beneficios para las personas inscritas en la garantía de empleo también serían importantes, y no sólo de carácter económico. Estas personas pasarían de estar inactivas (sin hacer otra cosa que esperar a encontrar trabajo como ocurre en la actualidad) a formar parte de un grupo que realizaría una función social. Conocerían a más personas, se socializarían, aprenderían las habilidades y conocimientos intrínsecos a sus nuevas tareas (pudiendo luego crear su propio negocio al margen de la garantía de empleo si así se lo propusiesen), se enriquecerían con las opiniones y puntos de vista de sus compañeros, se divertirían, etc.

Además, el propio diseño de la garantía de empleo, al estar dirigida a aquellos sectores de la población que no tienen ingresos o que tienen muy pocos, minimiza notablemente el riesgo de inflación. Cuando se intenta hoy día inyectar dinero en la economía para aumentar los ingresos de la ciudadanía y por lo tanto la actividad económica, siempre se hace a través de programas de gasto público o reducción de impuestos que afectan a la mayor parte de la población y sin discriminar demasiado entre niveles de renta. Cuando esto ocurre, se está regando masivamente la economía con dinero y por eso las tensiones inflacionistas pueden aparecer con mayor probabilidad. Sin embargo, la aplicación de la garantía de empleo vendría a transferir dinero sólo a las capas más bajas de la población, de forma que al mismo tiempo que estas personas salen de la pobreza se estaría irrigando la economía mediante una especie de riego por goteo, disminuyendo el riesgo de inflación.

En resumen, las ventajas de una garantía de empleo son superiores a las de un programa de renta básica toda vez que minimiza los riesgos inherentes al aumento convencional del gasto público.