sábado, 29 de noviembre de 2014

Sobre la deuda pública

Según el Banco de España, la deuda pública española es de algo más de un billón de euros. El 97,1% del PIB.  La deuda se ha triplicado desde que empezó la crisis; en 2007 era un 36% del PIB y hoy es casi el 100%. Una deuda que es impagable, una deuda que es imprescindible auditar y reestructurar.
Los intereses de la deuda a pagar en 2015 sobrepasan los 35.000 millones de euros. Casi una quinta parte de lo que se ingresará por impuestos. De reducirse los intereses de la deuda pública, los países de la eurozona, España incluida, tendrían presupuestos con superávit. O, dicho de otro modo, si los gobiernos hubieran sido financiados por el Banco Central Europeo al interés con el que generosamente financia a la banca privada, la deuda pública europea sería mínima. 

El Banco Central Europeo rebajó hace poco, por enésima vez, el tipo de interés oficial hasta el 0,05%, y aplicó un castigo aún mayor a los fondos que los bancos dejan ociosos en su ventanilla, que ahora se gravan con intereses negativos del -0,20%. Los bancos han destinado el dinero barato del BCE para comprar deuda pública con la que obtienen beneficios a costa del erario público.
En Europa la deuda ha aumentado extraordinariamente por los tratados de Maastrich y Lisboa que prohíben al Banco Central Europeo prestar directamente a los gobiernos, pero no a los bancos privados.
El argumento que se utiliza para justificar que el BCE no compre deuda pública es que, en caso de que el estado no pudiera pagar los intereses de tal deuda, se crearían pérdidas para el Banco Central Europeo, lo cual explica –así se nos dice- que el gobierno alemán esté muy en contra de que el BCE pueda comprar deuda pública porque, al ser Alemania la primera proveedora de fondos al BCE, esta sería la más afectada por esta falta de pago al BCE de los intereses de la deuda del estado no cumplidor. 
La primera cosa que tiene que aclararse es que un Banco Central no es un banco normal y corriente. Un banco normal y corriente privado tiene un problema de solvencia cuando sus pérdidas son mayores que sus ganancias, principio que, en general, se aplica a todas las empresas privadas. El Banco Central, sin embargo, no puede tener pérdidas pues tiene la potestad de imprimir dinero, una potestad clave que la banca privada o cualquier otra empresa no tiene. Un Banco Central, por lo tanto, no necesita los recursos que un banco privado necesita para garantizar su solvencia. Un banco privado tiene que tener capital de reserva. Un banco central no. Y ahí está la mayor diferencia.
El tema no es pues qué es lo que el BCE perdería, pues este puede crear tanto dinero como necesite. El problema es a otro nivel, que no es el peligro de pérdidas del BCE sino el peligro de inflación. Cuando el BCE imprime dinero, hay más dinero en el mercado y ello puede crear inflación. Este es un peligro real, aunque dicho peligro hoy apenas existe. El BCE podría comprar bonos públicos sin crear inflación. El Banco Central Estadounidense ha estado haciendo esto y no ha creado inflación. 

En realidad, el peligro a ambos lados del Atlántico es el opuesto: la deflación.
El objetivo principal del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios en la zona euro, es decir, mantener la inflación en niveles bajos. El Consejo de Gobierno define la estabilidad de precios como la inflación (Índice de Precios al Consumo Armonizado) de alrededor del 2%.

La reestructuración o anulación de deuda pública es voluntad política, no cuestión técnica. Como también es voluntad política decidir a quién beneficia una reestructuración de la deuda. ¿A la ciudadanía? ¿A la minoría que detenta el poder económico? La deuda pública se utilizó en los noventa para obligar a América Latina a aplicar políticas neoliberales. El mecanismo era sencillo: para lograr préstamos del Banco Mundial, había que cumplir las condiciones que imponía el FMI. Que eran ajustes estructurales (despidos masivos y patente de corso para el capital), privatizar todo lo público y rebajar salarios. Chantaje puro y duro.
Por todo ello, hacer frente a la deuda, auditarla, reestructurarla y reducirla, pensando sobre todo en la gente, es obligatorio para defender los derechos de la mayoría, para empezar a cambiar las cosas y construir otro mundo posible más decente.

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